Libro: La Gran Impostura, Cap. 7

Estimados lectores, sin duda comprender el amplio espectro de significado que tiene el término "Nuevo Orden Mundial" es algo complejo para una persona común que vive diariamente problemas comunes, eso es comprensible. Pienso que esa cortina de humo que no nos permite ver ni menos comprender es la mejor arma que se puede usar para mantener a las personas en la ignorancia sobre estos temas. Por consiguiente aquí estoy otra vez intentando abrir una pequeña rendija de luz, apoyado esta vez en el libro La Gran Impostura de Thierry Meyssan (Ed. El Ateneo, 2002) sobre los hechos acontecidos en EEUU el 11 de septiembre de 2001.

Particularmente este capítulo nos introduce en las razones por las cuales verdaderamente no entendemos los sucesos de ese día. Entender cuesta tanto por buenas razones, principalmente porque se planificó así.

Capítulo 7

Plenos poderes

En la madrugada del 14 de septiembre el Congreso de Estados Unidos autoriza al presidente George W. Bush a recurrir a "toda la fuerza necesaria y apropiada contra todo Estado, organización o persona que se haya confirmado que ha preparado, autorizado, ejecutado o facilitado los ataques terroristas que se produjeron el 11 de septiembre de 2001, o que ha dado asilo a tales organizaciones o tales personas, con el fin de prevenir cualquier futuro acto de terrorismo internacional contra Estados Unidos, organizaciones o personas".

Esta resolución conjunta de ambas cámaras se adopta casi sin debate, por unanimidad menos un voto, el de la diputada demócrata de California, Barbara Lee. Su redacción concede toda la libertad al presidente Bush para luchar contra las organizaciones terroristas no gubernamentales, pero los "poderes de urgencia" no son exactamente "poderes de guerra".

George W. Bush sigue obligado a informar al Congreso antes de desencadenar hostilidades contra otro Estado.

Para llevar a cabo las primeras acciones, el presidente Bush solicita al Congreso un crédito especial de 20.000 millones de dólares. En un hermoso impulso patriótico, ambas cámaras duplican la cantidad y votan al cabo de cinco horas de debate un crédito de... 40.000 millones de dólares.

Por otra parte, el presidente Bush autoriza la movilización de 50.000 reservistas como máximo. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, llama de inmediato a 35.500 reservistas (10.000 para el Ejército, 13.000 para la Fuerza Aérea, 3.000 para la Marina, 7.500 para los Marines y 2.000 para los Guardacostas). La movilización anterior es la de la Guerra del Golfo. Esta implicó a un número de soldados cinco veces superior, porque se trataba de reunir a una poderosa fuerza.

George W. Bush pronuncia un importante discurso ante el Congreso, reunido en sesión plenaria, el 20 de septiembre. Está acompañado por varias personalidades, entre las que se encuentra el Primer Ministro británico, Tony Blair. En esta ocasión, señala por fin de forma oficial a Osama Bin Laden y a su organización como los responsables de los atentados y lanza un ultimátum al régimen talibán: "Entregad a las autoridades
norteamericanas a todos los dirigentes de Al Qaeda que se esconden en vuestro territorio. Liberad a todos los ciudadanos extranjeros, incluidos los ciudadanos norteamericanos, a los que habéis encarcelado injustamente y proteged a los periodistas, los diplomáticos y los trabajadores extranjeros en vuestro país. Cerrad de inmediato y de forma permanente todos los campos de entrenamiento terrorista en Afganistán y entregad a las autoridades competentes a los terroristas y a todas las personas que forman parte de la estructura de apoyo. Estas exigencias no están sujetas a negociación o discusión. Los talibanes deben actuar, y hacerlo de inmediato. Tienen que entregar a los terroristas, o compartirán su suerte".

Sobre todo, anuncia la creación de una OHS (Office of Homeland Security/Oficina de Seguridad Interior) con rango ministerial y bajo su mando directo. Este nuevo organismo "dirigirá, supervisará y coordinará una estrategia nacional conjunta con vistas a defender nuestro país frente al terrorismo y reaccionar ante cualquier eventual ataque". El Presidente anuncia sobre la marcha que nombra al ex marine y gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, al frente de esta Oficina.

Como continuación de estas medidas, la Administración Bush adopta varias decisiones para reforzar el secreto de Defensa. Desde el día siguiente a los atentados, el 12 de septiembre, el secretario Rumsfeld declaró en su conferencia de prensa en el Pentágono: "Me parece importante subrayar que cuando los datos procedentes de la información se ponen a disposición de personas que no tienen la idoneidad para procesarlos correctamente, la consecuencia es que se reducen las posibilidades que el Gobierno de Estados Unidos tiene de identificar y juzgar a las personas que han perpetrado los ataques contra Estados Unidos y que han matado a tantos norteamericanos. En segundo lugar, cuando se suministra información reservada sobre las operaciones a personas que no han recibido la habilitación para este tipo de información, la consecuencia obligada es que se pone en peligro la vida de hombres y mujeres de uniforme, ya que estos son los que llevarán a cabo esas futuras operaciones".

Cuando los periodistas le preguntaron, el 25 de septiembre, si tenía la intención de mentir para guardar secretos, Rumsfeld respondió que, personalmente, era lo bastante hábil para actuar de otro modo, pero que sus colaboradores se las arreglaran como pudieran:

Secretario de Defensa: "Evidentemente, eso recuerda la famosa expresión de Winston Churchill que declaró —pero no me cite, ¿eh? No quiero ser citado, por tanto no me cite— que la verdad, a veces, es tan valiosa que debe ir acompañada por un guardaespaldas de mentiras —hablaba de la fecha y del lugar del desembarco—. "Y de hecho, se esforzaron no sólo por no hablar de la fecha del desembarco en Normandía, ni del lugar, ni de saber si sería en la bahía de Normandía o al norte de Bélgica, y se pusieron a sembrar la confusión entre los alemanes respecto a saber si eso se produciría. Y tenían a un ejército ficticio al mando de Patton y cosas por el estilo. Eso pertenece a la historia y hablo de ello como de un contexto (...) No recuerdo haberle mentido nunca a la prensa, no tengo la intención de hacerlo, y no me parece que fuera justificable. Existen decenas de maneras de evitar estar en situaciones en las que se tenga que mentir. Y yo no lo hago."

Periodista: "¿Y eso es válido para todo el mundo en el Departamento?"

Secretario de Defensa: "Bromea, supongo" (risas).


El 2 de octubre el subsecretario de Defensa, Pete Aldridge Jr., dirige un mensaje a todos los proveedores de armas. Les indica que el secreto de Defensa se amplía a sus actividades comerciales, teniendo en cuenta que datos aparentemente anodinos pueden revelar muchas cosas sobre las actividades e intenciones del Departamento de Defensa. Así pues, a partir de entonces se impone la discreción a los civiles.

El 4 de octubre, la directora de compras de la Fuerza Aérea, Darlene Druyun, envía un correo electrónico a todos los proveedores de esa fuerza para ampliar la carta de Aldridge. Prohíbe a todos los proveedores hablar con los periodistas, así como hablar de los contratos en curso de negociación y de los ya firmados y públicos. La prohibición es válida tanto en Estados Unidos como en todos los países extranjeros donde los proveedores pueden participar en ferias y coloquios sobre armamento.

El 5 de octubre el presidente Bush, violando la Constitución, ordena a varios miembros de su gabinete que dejen de transmitir información a los parlamentarios (cf. Anexos). El 18 de octubre, el secretario adjunto de Defensa, Paul Wolfowitz, envía una nota a todos los jefes de oficina de su ministerio para que se difunda a todo el personal. Escribe: "Es vital que los agentes del Departamento de Defensa (DOD), así como las personas que proceden de otras organizaciones que colaboren con el DOD, sean muy prudentes en sus conversaciones sobre las actividades del DOD cualquiera que sean sus responsabilidades. Que no mantengan ninguna conversación relativa a sus actividades profesionales en espacios abiertos, en lugares públicos, durante sus desplazamientos entre su domicilio y el trabajo, o incluso por medios electrónicos no seguros. La información de carácter confidencial será tratada exclusivamente en los lugares previstos al efecto y con personas que dispongan a la vez de una razón específica para acceder a la información y de una habilitación de seguridad ad hoc.

"La información no confidencial debe ser objeto de una protección idéntica desde el momento en que pueda ser confirmada para conducir a conclusiones de carácter sensible. La mayor parte de la información utilizada en el marco de las misiones del DOD será sustraída (sic) del dominio público en razón de su carácter sensible. En caso de duda, absténgase de difundir o discutir la información oficial, salvo en el seno del DOD."

Simultáneamente, las autoridades federales toman medidas para garantizar el secreto de la investigación sobre los atentados. El 11 de septiembre, el FBI solicita a las compañías aéreas que no se pongan en contacto con la prensa. No obstante, su testimonio permitiría aclarar la ausencia de pasajeros de los aviones, así como la ausencia de los nombres de los piratas aéreos en las listas de pasajeros. Esa misma noche, el FBI espera en su domicilio a los hermanos Jules y Gédéon Naudet, que estaban en Manhattan durante las colisiones. Confisca las cinco horas de grabación de video realizadas por los dos periodistas en el interior de las torres y en las plazas. Sólo les son devueltos seis minutos de grabación, correspondientes a la colisión del primer avión. Este documento, que podría ayudar a comprender el desmoronamiento del World Trade Center, está precintado. El FBI solicita asimismo a la empresa Odigo que no se ponga en contacto con la prensa. Sin embargo, sería interesante conocer el contenido exacto del mensaje de alerta recibido y las medidas tomadas para limitar el número de personas en las Torres.

Igualmente, la autoridad militar prohíbe todo contacto entre su personal implicado y la prensa. Los periodistas no pueden por lo tanto ni preguntar a los pilotos de caza, ni al personal de base de Barksdale y Offutt. En cuanto a la asociación de abogados Norteamericanos, consciente de que los procesos por daños y perjuicios constituirán nuevas oportunidades para que se hagan públicos secretos de Estado, anuncia que excluirá de la abogacía a todo jurista que intente iniciar un proceso en nombre de las familias de las víctimas. Esta prohibición se anuncia sólo por seis meses: a partir de ese momento los peritajes ya no serán posibles.

El presidente George W. Bush se pone personalmente en contacto con los líderes del Congreso para solicitarles que "no pongan en peligro la seguridad nacional creando una comisión de investigación sobre los acontecimientos del 11 de septiembre". Para protegerse, así como para dar vuelta la página, los parlamentarios deciden crear una comisión de investigación conjunta de las dos cámaras... sobre las medidas tomadas después del 11 de septiembre para prevenir otras acciones terroristas.

El 10 de octubre, la consejera nacional de seguridad, Condoleezza Rice, convoca a la Casa Blanca a los directores de las grandes cadenas de televisión (ABC, CBS, CNN, Fox, Fox News, MSNBC y NBC) para apelar a su sentido de la responsabilidad. Aunque la libertad de expresión sigue siendo la norma, se invita a los periodistas a ejercer por sí mismos un "juicio editorial" sobre la información y abstenerse de difundir cualquier dato que pudiera perjudicar la seguridad del pueblo norteamericano.

Toda la prensa escrita recibe el mensaje. Inmediatamente, Ron Gutting (redactor jefe del City Sun) y Dan Guthrie (redactor jefe del Daily Courier), que se habían atrevido a criticar la línea de Bush, son despedidos.

"El Pravda y el Izvestia de la ex Unión Soviética habrían tenido dificultades para superar a los medios de comunicación norteamericanos en su servidumbre a la agenda oficial (...) Han abandonado la noción de objetividad o incluso la idea de proponer un espacio público donde los problemas sean discutidos y debatidos. (...) Es un escándalo que pone en evidencia la existencia de un sistema de propaganda, que no es el de los medios de comunicación serios, esenciales en una sociedad democrática", comenta Edward Herman, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania.

Por último, tras tres semanas de debates, el Congreso adopta la Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (cuyo acrónimo es US PATRIOT Act). Esta ley de excepción suspende varias libertades fundamentales durante un período de cuatro años con el objeto de proporcionar a la Administración los medios para luchar con eficacia contra el terrorismo. No se le escapa a nadie que la duración de cuatro años cubre la totalidad del mandato de George W. Bush, incluido el período electoral para su reelección. Reprime a los "terroristas y a los que los apoyan", según una definición muy amplia.

De ese modo, la colecta de fondos para apoyar a las familias de los militantes del IRA encarcelados en el Reino Unido se convierte en un crimen federal. La duración de la prisión preventiva de los extranjeros sospechosos de terrorismo se amplía a una semana. Por otra parte (cualquiera que sea el motivo, incluso sin estar vinculados a la sospecha de terrorismo), se puede incomunicar a los sospechosos durante un período de seis meses, renovable sin límites si el fiscal general estima que su puesta en libertad "puede amenazar la seguridad nacional o la de la sociedad o la de una persona". De inmediato, se detiene a 1.200 inmigrantes por un período indeterminado con cargos de inculpación secretos. Los agentes consulares extranjeros denuncian la violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos a instancias del cónsul general de Pakistán en Nueva York, que declara: "En la mayoría de los casos no tenemos ni la identidad, ni el lugar de la detención de nuestros ciudadanos. Se dignan como mucho a darnos su nombre (...) Las autoridades también los presionan para que no hagan uso de sus derechos de ponerse en contacto con sus representaciones consulares o abogados. Es absolutamente inadmisible".

Por último, la US PATRIOT Act permite al FBI interceptar las comunicaciones sin la orden de un magistrado. Esta medida es aplicable a las comunicaciones intercambiadas por ciudadanos extranjeros entre países extranjeros, pero que transitan por el territorio norteamericano a través de Internet.

El 31 de octubre el Departamento de Justicia suspende el derecho de las personas en situación de prisión preventiva o detenidas a conversar a solas con su abogado. A partir de ese momento, estos encuentros pueden ser espiados y grabados, y sus declaraciones utilizadas en contra de los sospechosos, lo que elimina toda posibilidad para el cliente y el abogado de elaborar conjuntamente una estrategia de defensa.

El 13 de noviembre, el presidente Bush decreta que los extranjeros "sospechosos de terrorismo" —lo que incluye "a los miembros y ex miembros de Al Qaeda" y a las personas que los hayan ayudado (incluso sin saberlo) a conspirar en vistas a cometer atentados (incluso no realizados)— no serán juzgados por tribunales federales, ni siquiera por tribunales militares, sino por comisiones militares. Estas comisiones serán compuestas discrecionalmente por el secretario de Defensa y ellas mismas establecerán su código de procedimiento. Sus sesiones podrán mantenerse a puerta cerrada. Los "procuradores militares" no tendrán que comunicar a los detenidos y sus defensores las "pruebas" de las que dispongan. Tomarán sus decisiones por
mayoría de los dos tercios (y no por unanimidad, como exige la norma internacional en materia criminal).

Ese mismo día, el Departamento de Justicia detiene a 5.000 sospechosos originarios del Cercano Oriente, casi todos en situación regular y que no habían cometido ninguna infracción, para "interrogarlos".

Apoyándose en el Comité Antiterrorista creado en virtud de la resolución 1373 (28 de septiembre) de Naciones Unidas, el Departamento de Estado ordena a sus aliados a través de la ONU que se adopten legislaciones similares. Hoy en día, 55 países (Francia incluida, a través de la "ley sobre la seguridad cotidiana") han trasladado al derecho interno algunas disposiciones de la US PATRIOT Act. Su objetivo no es proteger a las poblaciones locales del terrorismo, sino permitir a los servicios de policía estadounidenses ampliar sus actividades en el resto del mundo. Se trata esencialmente de prolongar los plazos de prisión preventiva en temas de terrorismo, limitar la libertad de la prensa y autorizar las intercepciones de comunicaciones por parte de las fuerzas de seguridad sin control judicial. En el Reino Unido la ley antiterrorista autoriza la detención de sospechosos extranjeros sin ninguna instrucción, violando la Convención Europea de Derechos Humanos. En Canadá la ley antiterrorista obliga a los periodistas a entregar sus fuentes por requerimiento judicial, so pena de encarcelación inmediata. En Alemania los servicios de información se atribuyen poderes de policía judicial para transformarse en policía política. En Italia los servicios secretos están autorizados a cometer todo tipo de delitos en el territorio nacional en favor de la defensa nacional y no tienen que rendir cuentas a la justicia, etcétera. En definitiva, el secretario de Estado, Colin Powell, va a Europa para asegurarse de que en adelante las policías nacionales podrán transmitir sin formalidades la información que poseen al FBI y para instalar una antena del FBI en los locales de la Europol.

* * *

"Desde el 11 de septiembre el Gobierno ha hecho votar leyes, adoptar políticas y procedimientos que no están de acuerdo con nuestras leyes y valores establecidos y que habrían sido impensables antes", escribe la prestigiosa The New York Review of Books. Exaltando su mística patriótica, el país de la libre expresión y de la transparencia política se ha replegado sobre una concepción extensiva de la razón de Estado y del secreto de Defensa aplicable a todos los sectores de la sociedad.

La versión oficial de los acontecimientos del 11 de septiembre no permite justificar semejante hito. Aunque los enemigos sean unos miserables escondidos en las cuevas de Afganistán, ¿por qué temer las conversaciones entre colegas en el recinto del Pentágono? ¿Cómo imaginar que un puñado de terroristas pueda recoger y procesar información dispersa sobre la compra de armamento y deducir los planes del ejército de Estados Unidos? ¿Por qué suspender el funcionamiento normal de las instituciones y privar a los parlamentarios, incluso a puerta cerrada, de la información indispensable para la vida democrática?

Y si la versión oficial, la que dice que los atentados fueron perpetrados por terroristas extranjeros, es cierta, ¿por qué impedir toda investigación del Congreso y toda investigación de la prensa?

¿No se trata más bien de un cambio de régimen político programado bastante antes del 11 de septiembre? En varias ocasiones desde hace medio siglo, la CIA intentó que se adoptara una ley que prohibiera a la prensa tocar los asuntos de Estado y criminalizar a los funcionarios y periodistas que los revelaran. En noviembre de 2000, el muy reaccionario senador Richard Shelby, que presidía entonces la Comisión Senatorial de la Información, hizo que se votara una Ley sobre el Secreto (Oficial Secrecy Act) a la que el presidente Bill Clinton opuso su veto. Richard Shelby reiteró la maniobra en agosto de 2001, en espera de una mejor acogida por parte del presidente Bush. Se discutía la propuesta de ley cuando se produjeron los atentados, y se incorporó parcialmente a la Ley sobre la Información (Intelligence Act) del 13 de diciembre de 2001. Seguidamente el fiscal general John Ashcroft creó una unidad especial encargada de evaluar los medios para poner remedio a la fuga de información clasificada. Esta emitirá un informe al cabo de seis meses. A partir de ese momento se limpiaron muchos sitios oficiales en Internet: se ha retirado mucha información pública con la excusa de que su consulta podría ayudar a los "terroristas" a deducir información secreta.

Después de neutralizar a la justicia, las comisiones de investigación del Congreso y la prensa, es decir, a todos los contrapoderes, el Ejecutivo se ha dotado de nuevas estructuras que le permitirán ampliar a la política interior los métodos ya probados por la CIA y las Fuerzas Armadas en el exterior.

La creación de la OHS (Oficina de Seguridad Interior), anunciada por el presidente Bush en el Congreso el 20 de septiembre, no se produjo hasta el 8 de octubre. No se trata de una medida circunstancial, sino de una profunda reforma del aparato de Estado norteamericano. De ahora en adelante, la Administración distinguirá seguridad interior y exterior. El director de la OHS (Tom Ridge) será el igual de la consejera nacional de seguridad (Condoleezza Rice). Cada uno presidirá un consejo: el Council of Homeland Security (Consejo de Seguridad Interior) y el National Security Council (Consejo Nacional de Seguridad) respectivamente. Se pueden comprobar sus distintas competencias en muchos campos. El presidente Bush también ha nombrado a un consejero nacional de seguridad adjunto encargado de la lucha antiterrorista que, aunque depende de Condoleezza Rice, deberá estar a disposición de Tom Ridge. Este puesto bisagra fue confiado al general Wayne A. Downing, poseedor de un perfil particularmente fuerte. Downing fue, entre otros, el jefe de las operaciones especiales de la red stay-behind. Garantizará la relación entre los Consejos y la Oficina para la Influencia Estratégica, encargada de manipular a la opinión pública y los gobiernos extranjeros.

La Oficina de Seguridad Interior posee amplios poderes de coordinación que podrán evolucionar con el tiempo. Es difícil decir si tendrá un papel comparable al de la Oficina de Movilización de Guerra (OWM) durante la Segunda Guerra Mundial, o al de la actual Oficina de Política Nacional de Control de la Droga (ONDCP), que supervisa las operaciones militares en Latinoamérica. En cualquier caso, se asiste a una usurpación de la vida civil por parte de los militares y las agencias de información.

"Los historiadores recordarán que entre noviembre de 2001 y febrero de 2002, la democracia —tal como había sido imaginada por los redactores de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos— ha muerto. Al expirar la democracia ha nacido el Estado fascista y teocrático norteamericano", comentan dos grandes periodistas, John Stanton y Wayne Madsen.